Once pilotos asesinados en tres días, una campaña negra para afectar a un banco del sistema y la denuncia del presidente Álvaro Colom de un supuesto complot para desestabilizar su administración han bastado para que el estrenado gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) enfrente su primera crisis, antes de cumplir 30 días en el poder.
Al término de una semana de violencia y rumores, nadie sabe en realidad la fuerza detrás de estos hechos, ni siquiera si se trata de acciones del crimen organizado, de grupos paralelos de poder (militares de baja) o simplemente de un brote delincuencial que supera una vez más a los aparatos de seguridad del Estado.
A este ambiente de incertidumbre por inseguridad se suma la pugna interna entre diputados de la UNE, que lejos de estar pensando en legislar para contrarrestar la violencia y combatir el crimen organizado, libran una batalla interna para ganar espacios de influencia.
Durante los últimos días, en todos los programas radiales de opinión, la población y analistas han expresado masivamente comentarios críticos al Gobierno y al propio mandatario, principalmente, porque se percibe que no tenía un plan de seguridad preparado, a pesar de haber sido el tema dominante durante la campaña electoral.
Pedro Trujillo, decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Francisco Marroquín, señaló que la situación de crisis en el transporte evidencia la incapacidad del Gobierno para hacer frente a las pandillas, las cuales, afirmó, se han convertido en un grupo de presión capaz de desestabilizar.
Añadió: “(La UNE) tuvo ocho años para preparar un plan de seguridad, pero es evidente que no lo tiene”.
Al ser consultado respecto de la posibilidad de que grupos paralelos estén detrás de los ataques, respondió que no opina sobre ello porque no tenía elementos para ese análisis.
Hipótesis de los ataques
En el grupo de seguridad del Gobierno han surgido diferentes hipótesis, aunque ninguna sustentada con material obtenido de fuentes de inteligencia, civil o militar.
La primera de las hipótesis parte de un informe al que Prensa Libre tuvo acceso y que señala que 72 oficiales del Ejército fueron dados de baja el domingo recién pasado, supuestamente, por estar vinculados a organizaciones ilícitas, y ellos podrían estar involucrados en estos hechos de violencia.
El Ejército se ha negado a revelar los nombres de los oficiales puestos en disponibilidad por el mandatario. Según trascendió en fuentes oficiales, esa hipótesis no es compartida por el Ministerio de Gobernación ni por la Secretaría de Análisis Estratégicos.
La segunda teoría gira en torno de un complot político, ya que, durante la campaña electoral, el asesinato de pilotos fue asociado a una estrategia del Partido Patriota, para que el ciudadano capitalino se inclinase por su oferta de mano dura contra la inseguridad. Lo que no parece estar claro es qué beneficio podría obtener esa agrupación, a cuatro años de las próximas elecciones.
El propio Colom desechó, en rueda de prensa, tal señalamiento, pero algunos miembros de su Gabinete de Seguridad siguen con esa idea.
Un tercer escenario que se analiza es que contrabandistas estén tomando represalias, por una investigación que ha iniciado la Superintendencia de Administración Tributaria contra una red que opera en el departamento de Guatemala.
Esta sería la posibilidad más perjudicial para la UNE, ya que este grupo paralelo —integrado, al parecer, por varios militares de baja— podría tener incrustados sus tentáculos en el propio partido, y buscaría la salida abrupta del ministro Vinicio Gómez y de varios de sus asesores, incluido el negociador y experto en secuestros Víctor Rivera.
Y hay otra versión que no tiene base en investigaciones de inteligencia ni la mencionan oficialmente fuentes gubernamentales, pero “rumores palaciegos” dicen que hay militares cercanos a Colom que quisieran cambios en ciertas estructuras de seguridad, y buscan, con esta crisis, originar cambios y llevar a personas que en el pasado han estado vinculadas a La Oficinita, un grupo de inteligencia asociado con violaciones a los derechos humanos.
Ninguna de las hipótesis explica si están vinculados los asesinatos de pilotos de buses con el ataque que afrontó el Banco Agromercantil, el cual fue calificado por el fiscal general, Juan Luis Florido, como “terrorismo financiero”, e hizo recordar un ataque similar contra el Banco G&T Continental, hace más de un año; ambas entidades son calificadas como sólidas en el sistema.
Ataques coordinados
Sin embargo, varios analistas de grupos pro justicia coinciden en que las acciones contra el transporte tienen un trasfondo, ya que se cometieron ataques coordinados contra pilotos y se fomentan acciones contra las pandillas, que obtienen ganancias millonarias de extorsiones diarias, mientras los últimos sucesos no las favorecen; al contrario, causaron acciones de las fuerzas de seguridad que afectan sus operaciones ilícitas.
Además, los analistas consultados se inclinan con mayor énfasis por señalar que grupos interesados pagaron a maras para que accionaran contra el transporte, a fin de originar cambios en el Ministerio de Gobernación —una cartera apetecida para grupos paralelos del país—.
Pandillas juveniles
Esté quien esté detrás de tal crisis, analistas y allegados al Gobierno afirman que se ha utilizado a las pandillas juveniles como brazo ejecutor de los asesinatos, pues éstas se han convertido en el último eslabón de la cadena del crimen organizado.
Según investigaciones de la Policía y del Ministerio Público, dadas a conocer a Prensa Libre, tres pandilleros presos coordinaron aquellas acciones, sin haberse movido de sus celdas. Ellos son Byron Aguirre Santos, alias Snoopy; Luis Fernando Padilla, el Intruso; y Luis Catalán García, el Pequeño.
Aguirre, jefe del Sector 11 del reclusorio Preventivo de la zona 18, es uno los pandilleros con mayor capacidad de organización y actual jefe de la Mara 18. Padilla y Catalán, recluidos en la cárcel de Chimaltenango, son sus lugartenientes.
Entre los tres se registró una comunicación telefónica inusual el día anterior a los ataques a los buses urbanos, el 5 de febrero último, y fueron ellos quienes ordenaron que se distribuyeran entre los empresarios del transporte 30 teléfonos celulares, mediante los cuales se les advirtió que el monto habitual de la extorsión iba a ser duplicado y que tenían que pagar tres meses por adelantado.
La Policía llegó hasta ellos después de haber detenido, el jueves, a Tania Yasmín Chacón —alias la China, pareja de Padilla— cuando, junto a dos mareros, se disponía a cobrar la extorsión a un transportista.
Chacón tenía en su poder una lista que le había proporcionado su conviviente, donde se nombraba a los empresarios a quienes había que cobrar, más algunos nombres de pilotos.
Algunos transportistas suponen que el aumento de la extorsión fue una excusa para justificar lo que ocurriría al día siguiente.
Pero, para asesinar a cinco pilotos en una mañana, escoger los lugares con mayor circulación de vehículos, afectar todas las entradas de la capital y conseguir escapar, se necesita más organización de la que los pandilleros tienen a disposición.
Con esa afirmación coinciden casi todos los analistas consultados la última semana. “Las maras son el brazo armado de grupos del crimen organizado; los pandilleros no tienen ningún interés en poner en jaque al Gobierno, pero sí lo tienen otros grupos con influencia política”, opinó Iduvina Hernández, de la organización Seguridad en Democracia (Sedem).
Cronología
El primer ataque fue cometido el martes último, a las 7.20 horas, en la calle Martí, zona 6, una de las principales entradas de la capital. Dos individuos que se movilizaban en una motocicleta dispararon a quemarropa a un piloto y su ayudante, sin mediar palabra.
Cinco horas y media después, asesinaron al segundo conductor, en la avenida Simeón Cañas, zona 2, donde el flujo de vehículos es altísimo a las 13 horas. Esta vez, los atacantes se transportaban en una camioneta roja, modelo Terracan, escoltados por un automóvil negro. Los sicarios dispararon contra el piloto del bus, desde el auto en marcha y con una precisión asombrosa.
A las 14.10 horas, dos horas después del segundo ataque, justo al otro lado de la urbe, en la zona 11, fue ejecutado el tercer piloto, con lo que fueron bloqueadas la entrada y salida de numerosas colonias. En este lugar murió el piloto y quedó herido de gravedad su ayudante. Los asesinos estaban vestidos de payasos, y huyeron en un taxi.
Por la noche, la Policía consiguió localizar el auto negro —un Ford Focus— que había sido reportado como robado en Ciudad Quetzal, San Juan Sacatepéquez. Al encontrarse con los agentes, los tres ocupantes del ve-hículo intentaron huir, y uno fue abatido. Luego de una persecución, fueron detenidos los otros dos, y se les decomisaron dos fusiles: un Galil y un AK-47.
Los supuestos sicarios, Fredy Obdulio Díaz y Luis Antonio Pichiyá, tenían tatuajes, aparentemente no están registrados como integrantes de mara alguna.
Cuando las autoridades creían que las muertes ya habían cesado, al día siguiente se asesinó a un piloto y a un ayudante.
Fuente: Crisis por ataques a transporte/Primer jaque al Gobierno/Prensa Libre
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